Yaribeth Abrajam
Minapolismedia
Han pasado once años desde aquella noche en Iguala en la que 43 jóvenes estudiantes desaparecieron, un 26 de septiembre de 2014. Once años en los que las familias han vivido entre la tristeza, la rabia y la esperanza. Lo más duro es que, despues de tanto tiempo, seguimos sin conocer toda la verdad y sin que haya justicia real.
9 asesinados, 43 desaparecidos y 27 heridos, el caso de Ayotzinapa mostró algo que muchos mexicanos ya intuíamos, que en este país la corrupción, la impunidad y la complicidad entre autoridades y criminales pueden borrar vidas enteras y luego tratar de esconder la verdad.
La llamada “verdad histórica”, presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. Para muchos, fue un intento de cerrar el caso rápidamente y dejar a las familias sin respuestas.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se reabrió la investigación y se creó una Comisión para la Verdad. AMLO prometió llegar hasta las últimas consecuencias y en 2022 su propio gobierno reconoció lo ocurrido como un “crimen de Estado”, algo sin precedentes. Sin embargo, a pesar de detenciones importantes, entre ellas la del propio Murillo Karam, las familias insisten en que el Ejército y las instituciones aún no entregan toda la información que poseen. El mismo presidente, en sus conferencias matutinas, llegó a admitir que había resistencias dentro de las fuerzas armadas para revelar datos clave.
Hoy, bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, el caso sigue sin resolverse. La presidenta ha prometido seguir con las investigaciones y anunció la búsqueda de colaboración con la ONU para integrar un nuevo grupo de expertos internacionales. Sin embargo, los padres de los 43 mantienen el escepticismo: ya son demasiados años de promesas incumplidas. En su reciente encuentro con Sheinbaum, reclamaron que los avances presentados eran mínimos y que, una vez más, se repetía la historia de la espera.
Las familias no quieren discursos, quieren resultados: saber qué pasó con sus hijos, ver a los responsables en la cárcel y que el Ejército Mexicano entregue la información completa que aún guarda. Y mientras eso no suceda, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta que exhibe lo peor de nuestra realidad.
Este caso no es aislado. Es un símbolo de lo que significa ser desaparecido en México: miles de familias que buscan sin descanso y un Estado que responde con evasivas. Por eso no se trata solo de recordar a los 43, sino de exigir que nunca más vuelva a pasar algo así.
Ayotzinapa es un eco que nos recuerda que la verdad sigue oculta y la justicia sigue pendiente. El silencio no puede, ni debe, ser el final de esta historia.
Por ellos, por sus familias, por México, la lucha debe continuar hasta que la verdad sea completa y la justicia, real.
